[Artículo] La ministra Mazzetti tiene una nueva y enorme oportunidad para ayudar a las niñas víctimas de violencia sexual durante la cuarentena

Brenda Álvarez, abogada feminista y asesora legal de la Colectiva por la Libre Información para las Mujeres, escribe un artículo en el portal Utero.pe sobre cómo el Anticonceptivo Oral de Emergencia ha sido criminalizado durante varias gestiones en el Ministerio de Salud y hace un análisis de la urgencia de garantizar su entrega.

La pandemia ha agravado la situación de niñas, niños, adolescentes y mujeres víctimas de violencia sexual. En todo este tiempo de confinamiento, para el Ministerio de Salud no ha sido prioridad la atención de esta población vulnerable. Vamos a relatar a continuación detalles, con cifras e informes oficiales, que reflejan que el Estado peruano abandonó a los más vulnerables.

1. Breve historia de cómo la ‘píldora del día siguiente’ pudo llegar a mujeres pobres y vulnerables

Cuando Pilar Mazzetti asumió por primera vez la jefatura del Ministerio de Salud, en el 2004, decidió distribuir gratuitamente el AOE (Anticonceptivo Oral de Emergencia o píldora del día siguiente) en cumplimiento de una resolución ministerial (RM 399-2001-SA/DM) que así lo disponía. Esta norma, vigente desde el 2001, no fue implementada por los ministros anteriores a Mazzetti, entre ellos, su actual asesor Fernando Carbone (Pretell, 2013).

El AOE es uno de los métodos anticonceptivos que puede prevenir un embarazo después de una relación sexual no protegida —y esto incluye una violación sexual (sea por una persona extraña o por tu pareja)—, cuando el condón se rompe, se sale o cuando tenemos relaciones sexuales en ausencia de algún método anticonceptivo.

Según la OMS, este método actúa siempre y cuando se tome dentro de las 72 horas posteriores a la relación sexual. Pero, como es de emergencia, cuanto antes se utilice después del coito su eficacia es mayor.

El AOE actúa evitando o retrasando la ovulación, es decir, antes de la fecundación del óvulo por el espermatozoide y mucho antes de la anidación del óvulo fecundado. En consecuencia, de ninguna manera es abortiva. Así lo afirman la OMS y un estudio de la Universidad de Princeton.

Este criterio fue ratificado por el Poder Judicial en 2016 y, después de una revisión de evidencia científica en una medida cautelar y posteriormente en la sentencia del caso en 2019, ordenó que se brinde información y distribuya gratuitamente el AOE. Esta medida revirtió la decisión del Tribunal Constitucional que limitó y elitizó* el acceso del AOE prohibiendo solo su distribución gratuita en hospitales y centros de salud públicos. No así en las farmacias privadas, bajo el argumento que podría tener efectos abortivos.

2. Lo que sucedió en la pandemia

Antes de la pandemia ya existían problemas para acceder al AOE y el Ministerio de Salud tenía un desafío pendiente para cumplir con la decisión judicial. Sin embargo, esta situación se agudizó con el inicio del aislamiento social obligatorio generado por la enfermedad covid-19.

Y esto es mucho más grave teniendo en cuenta que en el Perú las violaciones sexuales no estuvieron en cuarentena. Desde el inicio del aislamiento, entre el 16 de marzo al 30 de junio, el Ministerio de la Mujer registró un total de 786 casos de violaciones sexuales. Siete de cada diez víctimas eran niñas, niños y adolescentes.

La Defensoría del Pueblo, en un informe sobre la situación de la niñez y adolescencia en la crisis sanitaria, alertó que el Ministerio de Salud no cumple con entregar los kits de emergencia para la atención de casos de violación sexual. Esto pone en riesgo los proyectos de vida de muchas niñas, adolescentes y mujeres exponiéndolas a embarazos no deseados o enfermedades de transmisión sexual.

3. La desidia del Minsa

A pesar de que en la cuarentena en reiterados momentos el Poder Ejecutivo fue alertado de esta situación, el Ministerio de Salud, entonces a cargo de Víctor Zamora, y el Ministerio Público poco han hecho para evitar que más niñas, adolescentes y mujeres sigan siendo afectadas.

Así lo demuestra la vigilancia de servicios realizado por la Colectiva por la Libre Información de las Mujeres, a través de su podcast Las Públicas, donde se da cuenta del desconocimiento del personal del salud, los múltiples obstáculos para acceder al Anticonceptivo Oral de Emergencia y la falta de funcionamiento de los servicios de salud sexual y reproductiva en un escenario post aislamiento. Incluso también en el Instituto Materno Perinatal.

La actual ministra de salud, Pilar Mazzetti, conoce la relevancia del Anticonceptivo Oral de Emergencia en un país donde las violaciones sexuales son el pan de cada día y al año más de 1500 niñas menores de 14 años se convierten en madres producto de estas violaciones.

En su anterior gestión, la ministra logró hacer efectivo el acceso al AOE y se ganó por ello la arremetida de sectores conservadores que se oponen históricamente a la vida de las mujeres. Ya ha demostrado antes su preocupación por hacer universal el acceso al AOE. Ahora, en un contexto absolutamente diferente, es urgente volver a colocar como prioridad las atenciones en salud sexual y reproductiva con especial énfasis en la atención de las víctimas de violación sexual. El Estado no puede volver a abandonarlas.

[Artículo] La ministra Mazzetti tiene una nueva y enorme oportunidad para ayudar a las niñas víctimas de violencia sexual durante la cuarentena

Brenda Álvarez, abogada feminista y asesora legal de la Colectiva por la Libre Información para las Mujeres, escribe un artículo en el portal Utero.pe sobre cómo el Anticonceptivo Oral de Emergencia ha sido criminalizado durante varias gestiones en el Ministerio de Salud y hace un análisis de la urgencia de garantizar su entrega.

La pandemia ha agravado la situación de niñas, niños, adolescentes y mujeres víctimas de violencia sexual. En todo este tiempo de confinamiento, para el Ministerio de Salud no ha sido prioridad la atención de esta población vulnerable. Vamos a relatar a continuación detalles, con cifras e informes oficiales, que reflejan que el Estado peruano abandonó a los más vulnerables.

1. Breve historia de cómo la ‘píldora del día siguiente’ pudo llegar a mujeres pobres y vulnerables

Cuando Pilar Mazzetti asumió por primera vez la jefatura del Ministerio de Salud, en el 2004, decidió distribuir gratuitamente el AOE (Anticonceptivo Oral de Emergencia o píldora del día siguiente) en cumplimiento de una resolución ministerial (RM 399-2001-SA/DM) que así lo disponía. Esta norma, vigente desde el 2001, no fue implementada por los ministros anteriores a Mazzetti, entre ellos, su actual asesor Fernando Carbone (Pretell, 2013).

El AOE es uno de los métodos anticonceptivos que puede prevenir un embarazo después de una relación sexual no protegida —y esto incluye una violación sexual (sea por una persona extraña o por tu pareja)—, cuando el condón se rompe, se sale o cuando tenemos relaciones sexuales en ausencia de algún método anticonceptivo.

Según la OMS, este método actúa siempre y cuando se tome dentro de las 72 horas posteriores a la relación sexual. Pero, como es de emergencia, cuanto antes se utilice después del coito su eficacia es mayor.

El AOE actúa evitando o retrasando la ovulación, es decir, antes de la fecundación del óvulo por el espermatozoide y mucho antes de la anidación del óvulo fecundado. En consecuencia, de ninguna manera es abortiva. Así lo afirman la OMS y un estudio de la Universidad de Princeton.

Este criterio fue ratificado por el Poder Judicial en 2016 y, después de una revisión de evidencia científica en una medida cautelar y posteriormente en la sentencia del caso en 2019, ordenó que se brinde información y distribuya gratuitamente el AOE. Esta medida revirtió la decisión del Tribunal Constitucional que limitó y elitizó* el acceso del AOE prohibiendo solo su distribución gratuita en hospitales y centros de salud públicos. No así en las farmacias privadas, bajo el argumento que podría tener efectos abortivos.

2. Lo que sucedió en la pandemia

Antes de la pandemia ya existían problemas para acceder al AOE y el Ministerio de Salud tenía un desafío pendiente para cumplir con la decisión judicial. Sin embargo, esta situación se agudizó con el inicio del aislamiento social obligatorio generado por la enfermedad covid-19.

Y esto es mucho más grave teniendo en cuenta que en el Perú las violaciones sexuales no estuvieron en cuarentena. Desde el inicio del aislamiento, entre el 16 de marzo al 30 de junio, el Ministerio de la Mujer registró un total de 786 casos de violaciones sexuales. Siete de cada diez víctimas eran niñas, niños y adolescentes.

La Defensoría del Pueblo, en un informe sobre la situación de la niñez y adolescencia en la crisis sanitaria, alertó que el Ministerio de Salud no cumple con entregar los kits de emergencia para la atención de casos de violación sexual. Esto pone en riesgo los proyectos de vida de muchas niñas, adolescentes y mujeres exponiéndolas a embarazos no deseados o enfermedades de transmisión sexual.

3. La desidia del Minsa

A pesar de que en la cuarentena en reiterados momentos el Poder Ejecutivo fue alertado de esta situación, el Ministerio de Salud, entonces a cargo de Víctor Zamora, y el Ministerio Público poco han hecho para evitar que más niñas, adolescentes y mujeres sigan siendo afectadas.

Así lo demuestra la vigilancia de servicios realizado por la Colectiva por la Libre Información de las Mujeres, a través de su podcast Las Públicas, donde se da cuenta del desconocimiento del personal del salud, los múltiples obstáculos para acceder al Anticonceptivo Oral de Emergencia y la falta de funcionamiento de los servicios de salud sexual y reproductiva en un escenario post aislamiento. Incluso también en el Instituto Materno Perinatal.

La actual ministra de salud, Pilar Mazzetti, conoce la relevancia del Anticonceptivo Oral de Emergencia en un país donde las violaciones sexuales son el pan de cada día y al año más de 1500 niñas menores de 14 años se convierten en madres producto de estas violaciones.

En su anterior gestión, la ministra logró hacer efectivo el acceso al AOE y se ganó por ello la arremetida de sectores conservadores que se oponen históricamente a la vida de las mujeres. Ya ha demostrado antes su preocupación por hacer universal el acceso al AOE. Ahora, en un contexto absolutamente diferente, es urgente volver a colocar como prioridad las atenciones en salud sexual y reproductiva con especial énfasis en la atención de las víctimas de violación sexual. El Estado no puede volver a abandonarlas.

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